El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se mantuvo en silencio ante la solicitud de juicio político presentada por el Congreso estatal por presuntas triangulaciones de recursos y peculado. El Congreso aprobó iniciar la investigación, fijó plazos para la defensa y programó audiencias y posible desafuero en los próximos meses.
Samuel García evitó pronunciarse sobre el juicio político iniciado en su contra por el Congreso de Nuevo León, tras la aprobación de investigaciones por presuntas triangulaciones de recursos públicos y peculado.
Durante un evento oficial en Monterrey, el gobernador de Nuevo León fue cuestionado por medios de comunicación, pero no respondió.
El procedimiento legislativo establece que Samuel García deberá presentar un informe de defensa el próximo 23 de junio, mientras que el Congreso de Nuevo León programó audiencias y un eventual desafuero para agosto.
Congreso de Nuevo León fija plazos para investigación contra Samuel García
El pasado 12 de junio, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría iniciar un juicio político contra Samuel García por presuntas triangulaciones de recursos públicos hacia despachos legales vinculados con él y su familia, además de posibles actos de peculado.
Diputados del PRI, PAN y PRD, con el respaldo de la legisladora de Morena Grecia Benavides, emplazaron al gobernador Samuel García a presentar un informe sobre los señalamientos a más tardar el próximo 23 de junio para su juicio político.
Hasta ahora, el Gobierno estatal de Nuevo León no ha fijado una postura oficial sobre el juicio político a Smuel García ni ha detallado la estrategia legal que seguirá; no obstante, el mandatario aún puede recurrir a mecanismos jurídicos como un juicio de amparo para impugnar el procedimiento.
De acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión Anticorrupción, las diligencias e investigaciones contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, comenzarían el lunes 22 de junio.
Posteriormente, el 6 de agosto se programaría la audiencia de pruebas y alegatos contra García, mientras que el 12 de agosto se prevé un periodo extraordinario en el Congreso para discutir un eventual desafuero, que requeriría el respaldo de al menos 28 de los 42 diputados locales.