Los grupos civiles de la Comarca Lagunera alertan sobre posibles maniobras del Ejecutivo Federal para debilitar la sentencia que protege el acuífero de La Laguna, temiendo un retroceso que afectaría la seguridad hídrica de más de un millón de personas.
Grupos civiles temen reversión judicial en fallo sobre el acuífero de La Laguna
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Defensores del agua advierten que las recientes intervenciones del Ejecutivo Federal ante la Corte podrían debilitar las restricciones impuestas para detener el agotamiento de las reservas hídricas regionales
TORREÓN, COAH.— Ante el posible impacto en la seguridad hídrica de más de un millón de personas, organizaciones sociales de la Comarca Lagunera encendieron las alarmas por las maniobras legales que la Presidencia de la República ha emprendido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El temor radica en que dichas acciones busquen limitar la sentencia que obliga a las autoridades a sanear y proteger el acuífero local.
Las asociaciones Prodefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero detectaron un oficio fechado el 24 de marzo de 2026. Este documento, enviado por Estela Damián Peralta, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, contiene observaciones críticas sobre el cumplimiento del Amparo en Revisión 543/2022, el cual sentó un precedente histórico en 2023 para la preservación de esta fuente de agua vital.
El expediente, actualmente bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres dentro del Recurso de Queja 11/2026, ha cobrado relevancia debido a que el Ejecutivo propone, según los activistas, revalorar la magnitud de la sentencia y los lineamientos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto a la renovación de concesiones que hoy se encuentran bajo control judicial.
Los colectivos alertan que cualquier alteración al fallo original erosionaría las barreras legales construidas para frenar la sobreexplotación crónica que afecta a la región. Asimismo, vincularon este movimiento con el Recurso de Queja 192/2025, cuya resolución es vista como una pieza clave tanto para intereses gubernamentales como para sectores beneficiarios de concesiones.
Para los activistas, el proceso trasciende lo jurídico al poner en riesgo el acceso humano al agua. “La región ha sufrido décadas de escasez y mala gestión.
La sentencia de la Corte fue un triunfo de la sociedad que estamos dispuestos a defender ante cualquier intento de retroceso”, declararon los grupos en un manifiesto conjunto.
Al concluir, los activistas exigieron máxima transparencia en las deliberaciones de la Corte, enfatizando que la sostenibilidad hídrica de La Laguna depende de que las sentencias se mantengan firmes frente a presiones políticas.